Resumen: Declarar la competencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.
Resumen: Absuelve al recurrente en un supuesto en el que si bien la conducción fue peligrosa, no se puso en peligro la seguridad de los demás usuarios de la vía. La sentencia incluye referencias a la jurisprudencia de varias AA PP sobre la configuración típica de este delito como un delito de peligro concreto. Así, señala que "se ha de crear un peligro efectivo constatable para la vida o la integridad física de personas identificadas o concretas, distintas del conductor temerario. Es la causación de este peligro lo que hace que una conducción llevada de una forma manifiestamente temeraria pase a considerarse de infracción administrativa a conducta delictiva, de suerte que si el conductor no ha llegado a poner a ninguna persona en peligro, la conducta sería tan solo merecedora de una sanción administrativa. Pero en el justo momento en que se ponga a alguien en peligro, el delito ya quedaría cometido, sin necesidad de que llegue a producirse ningún resultado efectivamente lesivo para nadie, al considerarse un delito de peligro, no de resultado y, además, de peligro concreto, lo que supone el adelantamiento de la barrera de protección penal al momento anterior a aquel en el que se produce la lesión de los intereses personales indirectamente amparados por la norma penal, a fin de castigar conductas que, atendiendo a las reglas de la experiencia, son generadoras de de un peligro intolerable para la seguridad vial y, en última instancia para la vida o integridad física de todos".
Resumen: Así lo ha declarado la mencionada sentencia 164/2005 del Tribunal Constitucional(12) al afirmar que "no se puede por el mero resultado y mediante razonamientos apodícticos sancionar, siendo imprescindible una motivación específica en torno a la culpabilidad o negligencia y las pruebas de las que ésta se infiere"... ...En lo que aquí interesa, la sentencia del Tribunal Supremo de 4 de febrero de 2010(13) afirma que "el principio de presunción de inocencia garantizado en el art. 24.2 CE(33) no permite que la Administración tributaria razone la existencia de culpabilidad por exclusión o, dicho de manera más precisa, mediante la afirmación de que la actuación del obligado tributario es culpable porque no se aprecia la existencia de una discrepancia interpretativa razonable" Por tanto, no motivando adecuadamente el elemento subjetivo de la culpabilidad, procede estimar la demanda anulando las resoluciones del TEAR de Murcia recurridas y los acuerdos sancionadores confirmados por dichas resoluciones; sin que sea necesario entrar en los restantes motivos alegados por el recurrente.
Resumen: Declarar la competencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.
